El Plan Austral fue un programa argentino de estabilización monetaria que se ejecutó durante el gobierno de Raúl Alfonsín por su segundo ministro de economía, Juan Vital Sourrouille, por el cual se cambió la denominación monetaria (de "Peso Argentino" al "Austral").
El programa, iniciado en 1985, fue del tipo "política de shock" y logró contener la inflación rápidamente sin frenar el crecimiento económico. El programa terminó en los hechos cuando hacia 1988 cuando un rebrote inflacionario forzó a crear un nuevo programa, conocido como "Plan Primavera", que no lograría evitar la hiperinflación de 1989, que terminaría en la renuncia de Alfonsín y en una transición adelantada al presidente electo Carlos Menem.
El Plan Austral es un caso atípico en los planes de estabilización monetaria acordados entre el FMI y países latinoamericanos. Mientras que el FMI recomendaba planes gradualistas de ajuste ortodoxos (control del gasto público, congelamiento de salarios, con sustento teórico en la teoría cuantitativa del dinero) la parte monetaria del plan fue marcadamente heterodoxa, basada en la teoría de las expectativas y buscando un "efecto shock". La medida política central fue el cambio del signo monetario, quitando tres ceros al Peso Argentino para crear el Austral. Para evitar la fuerte transferencia de riquezas de deudores a prestatarios que ocurre cuando la inflación baja abruptamente (y otras distorsiones debidas a la existencia de contratos fuertemente indexados) se estableció el llamado "desagio", por el cual, formalmente, el peso argentino se depreciaba frente al austral a la tasa de inflación anterior a la entrada en vigor del plan. Paradójicamente, se requirió una fuerte expansión de la base monetaria M1, dado que mientras hubo inflación elevada el público buscaba deshacerse de sus pesos cuanto antes, o bien comprando dólares o bien haciendo depósitos de plazo fijo.
Por otra parte se buscó un fuerte control de precios. Las tarifas de los servicios públicos (por entonces en manos del Estado) se congelaron, y se establecieron listas de precios máximos para los bienes de la canasta básica (que eran administrados por privados). También se buscó limitar el aumento de los salarios del sector privado, pese a lo cual el salario real tuvo un alza importante, en parte por la propia reducción de la inflación (no había más un "retraso" del salario respecto de los precios) y en parte por el impacto del desagio en las tarifas.
Los ingresos fiscales mejoraron considerablemente al desaparecer el efecto Olivera-Tanzi (el rezago fiscal), con lo que el esquema resultó sostenible en el mediano plazo.
El plan logró el objetivo de reducir la inflación de un día para el otro (en los primeros meses de aplicación la inflación rondó el 1% mensual) con lo que el gobierno logró recuperar mucho de su popularidad inicial. También logró el objetivo de no frenar el crecimiento típico en los planes gradualistas que recomendaba el FMI (estancflación), llegándose a crecer al 5% anual al mejorar los precios de las materias primas hacia 1986.
Hacia 1987 se inició una fase de descongelamiento gradual de precios; en ese período la inflación tuvo un ligero incremento, llegando hasta el 3% mensual. La situación desmejoraría notablemente al aumentar fuertemente el tipo de interés internacional y reducirse nuevamente el precio de las materias primas, que llevaría a una nueva crisis macroeconómica vía restricción externa.
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