Raúl Alfonsín...la historia lo juzgará.

( Chascomús, Buenos Aires, 12 de marzo de 1927 – † Buenos Aires, 31 de marzo de 2009) abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos argentino. Fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, y senador nacional. En 1983, tras las elecciones presidenciales, asumió el cargo de Presidente de la Nación Argentina, con lo cual finalizó el período de gobierno de la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Su mandato presidencial implicó el fin de los golpes de estado en la República Argentina. La gestión de Alfonsín es conocida principalmente por la realización del Juicio a las Juntas Militares, el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile y la formación del Mercosur. En reconocimiento a su fecunda política internacional le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1985. Alfonsín entregó el mando a Carlos Saúl Menem en 1989, en medio de un proceso hiperinflacionario. Tras dejar la presidencia realizó el Pacto de Olivos con Menem, que permitió la realización de la Reforma de la Constitución Argentina de 1994. Unos años después participó en la formación de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, que llevó al gobierno a Fernando De la Rúa. Falleció el 31 de marzo de 2009 debido a un cáncer pulmonar. Sus restos fueron velados en el Congreso Nacional. Miles de ciudadanos acompañaron su cortejo fúnebre hasta el Cementerio de la Recoleta..

http://www.youtube.com/watch?v=j3Q0PhAUwZI

La Coordinadora

La Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical (o simplemente "La Coordi") nació los primeros días de noviembre de 1968 en una quinta de Setúbal, en las afueras de la capital santafesina.
La piedra fundamental la colocaron unos 60 militantes estudiantiles de todos el país convocados por Luis Cáceres y Leopoldo Moreau, quienes se juramentaron recuperar la mística partidaria perdida tras el golpe militar que había derrocado a Arturo Illia dos años antes. "Dotar al radicalismo de una dinámica revolucionaria", escribieron en su declaración fundacional. Estaban Ramón Mestre y Mario Losada, junto a varios otros que ocuparían más adelante altos cargos de gobierno. Con el tiempo se sumarían Federico Storani y Enrique Nosiglia, erigidos rápidamente en dueños de la agrupación en Buenos Aires y Capital, distritos decisivos para que la UCR rompiera el invicto del peronismo en 1983. "Una revolución por vías democráticas", aclararon desde el vamos. Y en plena celebración del cuatro de siglo de estabilidad institucional se jactaron de haber sostenido esa consigna a lo largo de los años '70, en ultraminoría, cuando el atajo de la violencia aparecía como la convocatoria más taquillera entre los jóvenes politizados, de la mano de la izquierda peronista o de corrientes marxistas.
El vehículo para plasmar ese objetivo era, para ellos, un dirigente de Chascomús que había osado desafiar al caudillo histórico de la UCR,Ricardo Balbín. No es fácil calcular cuánto le debe Raúl Alfonsín a la Coordinadora por su consagración como presidente, pero lo que está probado es que el pago no fue escaso. Esos jóvenes le organizaron el primer acto de masas en 1982 -en la dictadura- en la Federación Argentina de Box e inventaron la recordada consigna de campaña "Somos la vida, somos la paz". Muchos de esos jóvenes, todavía treinteañeros, ocuparon puestos clave en el Ejecutivo y en el Parlamento a lo largo de la gestión alfonsinista. Los coordinadores creían estar tocando el cielo con las manos y se apuraron en anunciar la construcción del "tercer movimiento histórico". Quemaron etapas tan velozmente que el imaginario social les terminó cargando sobre los hombros los fracasos más que los numerosos aciertos de ese gobierno. Con el tiempo se dividieron en múltiples tribus y hasta se cruzaron en feroces batallas internas. Pero ninguna de las grandes figuras de la Coordinadora se fue detrás de los cantos de sirena.
Y ahora, en una curiosa parábola de la historia, se reunifican detrás de la figura taquillera de alguien que ni siquiera votó a Alfonsín en el '83. Pero Julio Cobos -que en esa elección optó por Oscar Alende, del PI- se erigió en la esperanza de la resurrección radical para el 2011. Del discurso revolucionario al pragmatismo crudo, podría ser el título de esta historia, si no fuera idéntico al que se ganaron otros tantos movimientos políticos en la Argentina. (Fuente Clarín)

Fin del mandato

Alfonsín debía terminar su mandato el 10 de diciembre de 1989. Sin embargo, por razones electorales vinculadas a la grave situación económica, decidió adelantar considerablemente la fecha de las elecciones estableciéndolas el 14 de mayo, casi siete meses antes de la entrega del mando. Alfonsín, en el futuro, calificaría como "un error tremendo" de su parte, haber adelantado las elecciones de esa manera.

Los dos candidatos con posibilidades de resultar elegidos eran el radical Eduardo Angeloz, por la Unión Cívica Radical, y el peronista Carlos Menem, por el Partido Justicialista.

Hasta enero de 1989 la posibilidad de que la Unión Cívica Radical volviera a ganar las elecciones tenía un serio fundamento en las encuestas electorales. Sin embargo, a partir de febrero, el proceso hiperinflacionario destruyó toda posibilidad de triunfo. El diario Ámbito Financiero de Buenos Aires, en aquel año, tituló "Golpe de Mercado" y analizó de este modo la fuerza real que había producido la derrota del radicalismo:


"Esta Argentina democrática no quiere más golpes de Estado militares pero ha adoptado una estrategia para defenderse de la demagogia de los políticos".


Las elecciones se realizaron en medio del proceso hiperinflacionario y en un clima de desorden y saqueos. El 14 de mayo Carlos Menem triunfó con el 47% de los votos, frente a 32% del candidato radical. En ese mismo mes la inflación alcanzó el 78% mensual y la pobreza comenzó a crecer de modo exponencial: en mayo era del 25% y en octubre del 47%. El 30 de mayo Alfonsín decretó el estado de sitio. La situación era insostenible y poco después Alfonsín anunció que entregaría el poder en forma anticipada, lo que se realiza el 8 de julio de 1989. De ese modo y en esas condiciones se cumplió la primera sucesión entre dos mandatarios constitucionales civiles de distintos partidos desde 1916.

Pacto de Olivos

En un contexto de indefinición partidaria y riesgo inminente de fractura del radicalismo, por un lado, y de quiebre institucional, por el otro, el ex presidente Alfonsín tomó la decisión de buscar un acuerdo con el presidente Carlos Menem.

Años después Alfonsín diría al respecto:

"...Yo me había expedido en contra de la reforma impulsada por Menem para 1994... Lo que me llevó a cambiar de criterio es que ya salía una ley presentada por Francisco de Duraña y Vedia, Álvaro Alzogaray y otros, que establecía que para declarar la modificación de la Constitución bastaban los dos tercios de los miembros presentes de las cámaras del Congreso, como fue en 1949, bajo el gobierno de Perón. Yo tenía dos gobernadores radicales que estaban de acuerdo con ese proyecto de Menem. Y otro gobernador nuestro que dijo que no iba a luchar contra eso. De modo que con una consulta que hice al presidente del bloque, Raúl Baglini (me parece que lo narro bien en el libro), llegué a la conclusión de que, además se iba a ir a un plebiscito, que nos mataba. Eso era lo que más le importaba a Baglini, que decía que no íbamos a poder resistir".

Las primeras reuniones entre Menem y Alfonsín se realizaron en casa del ex canciller Dante Caputo quien por entonces se encontraba en Haití. De aquellas conversaciones surgió un acuerdo —aprobado luego por la Convención Nacional de la UCR y por el Congreso del PJ— por el cual la oposición radical permitiría una nueva y única reelección presidencial, acortándose el mandato de seis a cuatro años y estableciendo la elección directa de Presidente y Vicepresidente, con un sistema de ballotage. A cambio, el peronismo se comprometió a incluir en la Constitución Nacional la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la creación de un Consejo de la Magistratura, la elección directa de los senadores, un senador por la minoría, de tres senadores por distrito, extensión del período de sesiones ordinarias del Congreso (de 4 a 8 meses), mecanismos para atenuar el sistema presidencialista (Jefe de Gabinete, regulación de los decretos de necesidad y urgencia), la inclusión de los derechos humanos de tercera y cuarta generación (derechos del consumidor, ambientales y a la información), la validez de los tratados internacionales por sobre las leyes nacionales, el recurso de amparo, la acción colectiva, los delitos contra la constitución.

Consecuencias

Sancionada la declaración de necesidad de reforma constitucional conforme a las pautas de la constitución vigente, el 10 de abril de 1994 se realizaron las elecciones de constituyentes.

El peronismo obtuvo cerca del 38% de los votos y 134 convencionales, frente al 20% y 71 convencionales del radicalismo, mostrando fuga de votos de ambos partidos, aunque más acentuada en el caso del segundo. Aparecieron como considerables fuerzas nuevas el centro-izquierdista Frente Grande con 31 convencionales y el derechista MODIN con 21 convencionales. En total estuvieron presentes 19 partidos políticos, representantes de todo el arco político que sancionaron una amplia reforma constitucional el 22 de agosto de 1994.

En 1995, haciendo uso de la cláusula constitucional que acortaba su primer mandato pero también permitía su reelección, Carlos Menem resultó elegido nuevamente presidente de la Nación por un 51% de los votos.

Repercusion en el pueblo

Comentarios

Yo pienso que fue un gran Presidente por haber consolidado el sistema democratico de gobierno en Argentina.

Gracias a su gestion de Presidente se resolvio el tema Picton Nueva y Lenox del Beagle con Chile. En Chile se le admira.

Neville Blanc - Santiago de Chile

Otros: http://weblogs.clarin.com/educacion/archives/2009/04/adios_alfonsin.html

Hiperinflacion

En términos económicos, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo. Se define también como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular, lo que se diferencia de la devaluación, dado que esta última se refiere a la caída en el valor de la moneda de un país en relación con otra moneda cotizada en los mercados internacionales, como el dólar estadounidense, el euro o el yen.

Tipos de Inflación

Inflación moderada:

La inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta de los precios. Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de este, colocando su dinero en cuentas de banco. Ya sea en cuentas corrientes o en depósitos de ahorro de poco rendimiento porque esto les permitirá que su dinero valga tanto como en un mes o dentro de un año. En sí está dispuesto a comprometerse con su dinero en contratos a largo plazo, porque piensa que el nivel de precios no se alejará lo suficiente del valor de un bien que pueda vender o comprar.

Inflación galopante:

La inflación galopante describe cuando los precios incrementan las tasas de dos o tres dígitos de 30, 120 ó 240% en un plazo promedio de un año. Cuando se llega a establecer la inflación galopante surgen grandes cambios económicos, muchas veces en los contratos se puede relacionar con un índice de precios o puede ser también a una moneda extranjera, como por ejemplo: el dólar. Ya que el dinero pierde su valor de una manera muy rápida, las personas tratan de no tener más de lo necesario; es decir, que mantiene la cantidad suficiente para vivir con lo necesario.

Causas de la inflación

Existen diferentes explicaciones sobre las causas de la inflación. De hecho parece que existen diversos tipos de procesos económicos diferentes que producen inflación, y esa es una de las causas por las cuales existen diversas explicaciones: cada explicación trata de dar cuenta de un proceso generador de inflación diferente, aunque no existe una teoría unificada que integre todos los procesos. De hecho se han señalado que existen al menos tres tipos de inflación:

Inflación de demanda (Demand pull inflation), cuando la demanda general de bienes se incrementa, sin que el sector productivo haya tenido tiempo de adaptar la cantidad de bienes producidos a la demanda existente.

Inflación de costos (Cost push inflation), cuando el coste de la mano de obra o las materias primas se encarece, y en un intento de mantener la tasa de beneficio los productores incrementan los precios.

Inflación autoconstruida (Build-in inflation), ligada al hecho de que los agentes prevén aumentos futuros de precios y ajustan su conducta actual a esa previsión futura.

En 1975 la deuda externa argentina era de 7.875 millones de dólares. Cuando asumió Raúl Alfonsín, el endeudamiento llegaba a 42.319 millones de dólares.

Ese escenario de endeudamiento externo sumaba una inflación de más del 20 por ciento mensual. En los 15 meses de gestión de su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, la inflación fue del 626 %.El primer plan de shock contra la inflación fue aplicado en 1985 por Juan Vital Sourrouille, el Plan Austral.

El 14 de junio se anunció el Plan. Se ajustaron los salarios al 22 por ciento de la inflación de ese mes y se congelaron sueldos y tarifas, además de fijar un tipo de cambio fijo en una relación de 1 Austral igual a 1.000 pesos argentinos.

De una inflación del 30 por ciento mensual se pasó a un tercio, de tal modo que durante los 25 meses de Plan Austral saludable la inflación fue del 215 % y el dólar se incrementó un 163 %.

La flexibilización de precios y la necesidad de aumentar la emisión monetaria, sumados a las dificultades en la política sobre las entidades bancarias y financieras, comenzó a minar el programa, y en 1988 se lanzó el Plan Primavera, en la búsqueda de contener la inflación y la especulación.

Se declaró la moratoria unilateral de la deuda con bancos de comercio en el exterior, se dolarizaron las carteras bancarias y el programa comenzó a ser visto como insolvente.

La inflación subió 84 por ciento en 5 meses y el dólar 96 por ciento.

El 6 de febrero de 1989 se anunció que no había reservas disponibles para satisfacer la demanda de dólares, se aceleró la depreciación del austral, subieron las tasas de interés, aumentó el déficit fiscal y se incrementaron los precios. Se compraban dólares minoristas el mismo día del cobro.

Carlos Menem asumió el 8 de julio de 1989. Ese mes, los precios subieron 197 % y las tarifas de servicios públicos 700 %.

La inflación en 1989 fue del 1.923 % y el dólar, que había comenzado el año a 24,3 australes, terminó el año a 1.950 australes.

La historia hiperinflacionaria tuvo secuelas en el gobierno de Menem. Dos ministros no pudieron con ella, Miguel Roig y Néstor Rapanelli, y bajo el mando de un tercero, Erman González, la inflación trepó al 1.343 % anual, y se instrumentó el Plan Bonex. El paso siguiente sería la llegada de Domingo Cavallo y el Plan de Convertibilidad. Ahí comenzó otra historia.

Evolución de la deuda

Año - Deuda externa (en millones de dólares)

1975 - 7.875

1976 - 8.280

1977 - 9.679

1978 - 12.960

1979 - 19.034

1980 - 27.072

1981 - 35.671

1982 - 43.634

1983 - 45.087

1984 - 46.903

1985 - 48.312

1986 - 52.449

1987 - 58.428

1988 - 58.834

1989 - 65.256

1990 - 62.730

1991 - 65.405

1992 - 68.937

A. P.D.H.

El 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe militar que dio inicio al Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Esta asociación fue la primera creada en Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que en aquella época comenzaron con la actividad de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o "Triple A"). Su primera reunión se llevó a cabo durante el mes de diciembre de 1975 en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependía de la Iglesia de la Santa Cruz y fue convocada por Rosa Pantaleón y además del propio Alfonsín asistieron el obispo de Neuquén don Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer, el obispo Carlos Gatinoni, la doctora Alicia Moreau de Justo, Oscar Alende, Susana Pérez Gallart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo.

La APDH desempeñó un importante papel de defensa de los derechos humanos, apoyó el trabajo de la CONADEP y luchó contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional. Parte de la responsabilidad del juzgamiento de dichos crímenes fue del propio Alfonsín, cuando fue presidente, durante la realización del Juicio a las Juntas.

Durante la dictadura militar, Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para defender opositores y presentar hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos, actividad que por sí misma solía significar la muerte.

Realizó varios viajes a América Latina, los Estados Unidos, Asia, la Unión Soviética y Europa, donde frecuentó a los dirigentes de la Internacional Socialista (IS), denunciando la masiva violación de derechos humanos que se estaba produciendo en Argentina.

En 1976 fundó y dirigió la revista Propuesta y Control, una de las escasas revistas políticas opositoras en aquellos primeros años del gobierno militar.

Pacto Militar/ Sindical

Así lo denunció Alfonsín en medio de su campaña que lo llevó a la presidencia.. Pero los gremialistas y los militares siempre lo negaron. Uno de los informes de EE.UU. relató varios de esos contactos.

Ana Gerschenson. DE LA REDACCION DE CLARIN.
Hasta hoy, la existencia de un pacto militar-sindical a finales de la dictadura fue negada sistemáticamente. Sin embargo, un informe confidencial de la Embajada estadounidense fechado en abril de 1983 asegura que "(Lorenzo) Miguel y otros sindicalistas se han reunido regularmente con oficiales de las Fuerzas Armadas recientemente". Está escrito en uno de los 4.577 documentos desclasificados esta semana por el gobierno norteamericano.
El pacto entre el ex presidente militar general Cristino Nicolaides y Lorenzo Miguel fue la denuncia más explosiva (y exitosa) que lanzó Raúl Alfonsín durante su campaña presidencial en 1983.
El 2 de mayo, el candidato de la UCR denunció públicamente en declaraciones a la prensa que existía un acuerdo militar-sindical para olvidar los "excesos" cometidos durante la represión, mantener sin variantes a la cúpula del Ejército en el próximo gobierno y evitar la intervención del poder constitucional en la reorganización de las Fuerzas Armadas. Y aunque desmentida una y otra vez en esos tiempos por el elenco sindical, resquebrajó la credibilidad de los gremialistas que intentaron contraatacar al ascendente dirigente radical acusándolo de ser el "candidato de la Coca Cola". Que era la forma de indicar que era el candidato apoyado por Washington.
"Un alto miembro de la CGT-RA y las 62 organizaciones desestimó que hubiera un pacto; sin embargo, nos confirmó que (Lorenzo) Miguel y otros líderes de este sector de los trabajadores han mantenido encuentros regularmente con jefes de las Fuerzas Armadas", informa el documento firmado por el entonces embajador norteamericano, Harry Shlaudeman. El diplomático escribió que su "fuente" sindical le explicó que los jefes militares "creen que los peronistas van a ganar las elecciones y por eso quieren discutir ciertas cuestiones que tendrán que encarar las autoridades electas".
¿Por qué con Lorenzo Miguel? La razón también quedó plasmada en el informe estadounidense: "Las 62 y la CGT-RA se convertirán eventualmente en la fuerza dominante del movimiento trabajador y por lo tanto tendrán un rol preponderante en el partido peronista". El embajador afirmaba que los militares y los sindicalistas "comparten la preocupación de manejar con cuidado la transición". Por eso, se asegura, "decidieron evitar hacer huelgas o actos provocativos que puedan poner en riesgo el proceso de democratización". Este fue un acuerdo entre militares y sindicalistas.
Pero no todo fueron sonrisas entre ambas partes. Según el informe secreto, los gremialistas les plantearon a los jefes militares en sus encuentros reservados que "algo tiene que hacerse" con las demandas públicas sobre la corrupción, los desaparecidos y la guerra de las Falklands (sic)". Las negociaciones del poderoso metalúrgico con los militares lo enfrentaron con el secretario general de la CGT combativa, Saúl Ubaldini.
Según Shlaudeman, el sindicalista "pro movido por Miguel desde su oscuro puesto como tercero del insignificante sindicato cervecero" no recibió bien "la instrucción" de su mentor, que le ordenó que moderara su actitud y no impulsara medidas de fuerza en los últimos meses de poder militar.

El Plan Austral

El Plan Austral fue un programa argentino de estabilización monetaria que se ejecutó durante el gobierno de Raúl Alfonsín por su segundo ministro de economía, Juan Vital Sourrouille, por el cual se cambió la denominación monetaria (de "Peso Argentino" al "Austral").

El programa, iniciado en 1985, fue del tipo "política de shock" y logró contener la inflación rápidamente sin frenar el crecimiento económico. El programa terminó en los hechos cuando hacia 1988 cuando un rebrote inflacionario forzó a crear un nuevo programa, conocido como "Plan Primavera", que no lograría evitar la hiperinflación de 1989, que terminaría en la renuncia de Alfonsín y en una transición adelantada al presidente electo Carlos Menem.

El Plan Austral es un caso atípico en los planes de estabilización monetaria acordados entre el FMI y países latinoamericanos. Mientras que el FMI recomendaba planes gradualistas de ajuste ortodoxos (control del gasto público, congelamiento de salarios, con sustento teórico en la teoría cuantitativa del dinero) la parte monetaria del plan fue marcadamente heterodoxa, basada en la teoría de las expectativas y buscando un "efecto shock". La medida política central fue el cambio del signo monetario, quitando tres ceros al Peso Argentino para crear el Austral. Para evitar la fuerte transferencia de riquezas de deudores a prestatarios que ocurre cuando la inflación baja abruptamente (y otras distorsiones debidas a la existencia de contratos fuertemente indexados) se estableció el llamado "desagio", por el cual, formalmente, el peso argentino se depreciaba frente al austral a la tasa de inflación anterior a la entrada en vigor del plan. Paradójicamente, se requirió una fuerte expansión de la base monetaria M1, dado que mientras hubo inflación elevada el público buscaba deshacerse de sus pesos cuanto antes, o bien comprando dólares o bien haciendo depósitos de plazo fijo.

Por otra parte se buscó un fuerte control de precios. Las tarifas de los servicios públicos (por entonces en manos del Estado) se congelaron, y se establecieron listas de precios máximos para los bienes de la canasta básica (que eran administrados por privados). También se buscó limitar el aumento de los salarios del sector privado, pese a lo cual el salario real tuvo un alza importante, en parte por la propia reducción de la inflación (no había más un "retraso" del salario respecto de los precios) y en parte por el impacto del desagio en las tarifas.

Los ingresos fiscales mejoraron considerablemente al desaparecer el efecto Olivera-Tanzi (el rezago fiscal), con lo que el esquema resultó sostenible en el mediano plazo.

El plan logró el objetivo de reducir la inflación de un día para el otro (en los primeros meses de aplicación la inflación rondó el 1% mensual) con lo que el gobierno logró recuperar mucho de su popularidad inicial. También logró el objetivo de no frenar el crecimiento típico en los planes gradualistas que recomendaba el FMI (estancflación), llegándose a crecer al 5% anual al mejorar los precios de las materias primas hacia 1986.

Hacia 1987 se inició una fase de descongelamiento gradual de precios; en ese período la inflación tuvo un ligero incremento, llegando hasta el 3% mensual. La situación desmejoraría notablemente al aumentar fuertemente el tipo de interés internacional y reducirse nuevamente el precio de las materias primas, que llevaría a una nueva crisis macroeconómica vía restricción externa.

La Tablada

El 23 de enero de 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Enrique Gorriarán Merlo lideró un grupo armado, el Movimiento Todos por la Patria (MTP), que intentó copar el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 "General Belgrano" con asiento en La Tablada, acción en la que murieron 39 personas, entre ellas cinco soldados conscriptos.

El movimiento justificó la toma diciendo que tenía el objetivo de impedir un supuesto golpe de estado planeado por el entonces candidato a presidente Carlos Saúl Menem y el ex militar golpista Mohamed Alí Seineldín. Para la investigadora Claudia Hilb, en cambio, un reducido grupo de personas encabezado por Gorriarán Merlo trató de "fabricar un presente ficticio: fabricar en primer lugar la materia a ser interpretada -el ficticio golpe "carapintada"- para sobre esta ficción erigir una mentira verosímil -fuimos a parar el golpe- que, bien instrumentada, deberá poder manipular ahora los sentimientos antigolpistas del pueblo en favor de la insurrección".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos trató el caso "Caso Maqueda Vs. Argentina" en el cual esta última fue denunciada por Maqueda, quien había sido condenado a diez años de prisión por su participación en el hecho, alegando que "no tuvo posibilidad de interponer un recurso de revisión de la sentencia debido a que la Ley 23.077 no contempla apelación ni recurso amplio ante ningún tribunal de alzada. Por lo tanto, la única alternativa que quedaba al acusado era recurrir ante la Corte Suprema utilizando la vía del Recurso Extraordinario, un recurso de tipo excepcional y sujeto a restricciones" dándose por finalizada la causa en razón de un acuerdo entre las partes cuando el Estado argentino redujo la pena mediante su conmutación permitiendo la libertad inmediata de Maqueda.

Alfonsin en el poder

Juicio a las Juntas el proceso judicial realizado por la justicia civil (por oposición a la justicia militar) en la Argentina en 1985, por orden del presidente Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989) contra las tres primeras juntas militares de la dictadura llamada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) debido a las graves y masivas violaciones de derechos humanos cometidas en ese período.

La sentencia condenó a algunos integrantes de las tres primeras juntas militares a severas penas. Estos fueron indultados en 1990 por el presidente Carlos Menem. A partir de 2006 la justicia comenzó a declarar inconstitucional los indultos decretados.

El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, sancionó los decretos 157 y 158. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas.

El mismo día creó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, integrada por personalidades independientes para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y fundar así el juicio a las juntas militares.

Los carapintadas fueron varios grupos de activistas militares de extrema derecha que llevaron a cabo una serie de alzamientos entre 1987 y 1990 contra los gobiernos de Raúl Alfonsín y luego de Carlos Menem en Argentina. El mote alude al uso de pintura de camuflaje por parte de los insurrectos, que tomaron varias bases militares y se batieron contra las fuerzas leales al gobierno constitucional en busca de la finalización de los procesos levantados contra los protagonistas de la guerra sucia. Aunque los líderes carapintadas fueron arrestados, juzgados y condenados a prisión, la mayoría de los participantes en los hechos no recibió castigo, y aún los cabecillas fueron indultados por el entonces presidente Carlos Menem en 1989.

Primer alzamiento

El primero de los levantamientos carapintada tuvo lugar en la Pascua de 1987. En protesta contra las acciones judiciales llevadas a cabo por el gobierno contra los responsables de los innumerables delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional, el mayor Ernesto Barreiro, un elemento de inteligencia que había tenido participación activa en la represión al movimiento obrero y popular en Córdoba, se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba en relación a cargos de tortura y asesinato que se le imputaban, fechados durante su servicio como jefe de interrogaciones en el centro clandestino de detención de La Perla.

Barreiro fue arrestado, a petición del juez competente, por la autoridad militar, y confinado en el Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército, en la provincia de Córdoba. Cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro por el desacato a la justicia, el personal del cuartel —130, entre oficiales y soldados— se amotinaron, exigiendo el cese de los juicios.

Otras dependencias militares se sumaron a la acción, ante la férrea oposición de la población civil, en especial las tropas al mando del teniente coronel Aldo Rico —entonces al mando del Regimiento de Infantería de San Javier (Misiones)—, que se acantonó en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Los reclamos de los ya apodados carapintadas incluían la destitución del jefe del Ejército, el general Héctor Ríos Ereñú —planteando que los jefes que impartieron las órdenos “hoy están en libertad desprocesados, ascendidos y gozando de un privilegio que no merecen"— y exigiendo una solución política para los juicios a los represores del proceso. Y decía Rico que “si quienes dieron las órdenes van a la justicia no tenemos ningún problema en ir todos a la justicia, pero ningún hombre de bien que vista uniforme militar puede ampararse escudándose en el sacrificio de sus subalternos”.

Sin embargo, la actitud política y pública frente al alzamiento fue uniforme; los principales partidos del país —UCR, PJ, UCD, PDC, PI, PC y PS— suscribieron el Acta de Compromiso Democrático, oponiéndose a la actitud de los militares pero reconociendo varios grados de responsabilidad en la represión. Este ultimo punto llevó a las fuerzas de izquierda —el MAS, el PCR, el PO, y las Madres de Plaza de Mayo— a distanciarse del grupo de los firmantes. Manifestaciones populares se hicieron presentes en Campo de Mayo y la Plaza de Mayo, exigiendo la rendición de los sublevados. Alfonsín parlamentó con Rico en Campo de Mayo, acordando las condiciones de la rendición, en lo que se le cuestionaría luego como un acto de debilidad política. A su regreso, desde el balcón de la Casa Rosada, anunciaría la capitulación de los amotinados.

Barreiro huyó, y fue capturado dos semanas más tarde. Tanto él como Rico pasarían a manos de la justicia, Barreiro la militar y Rico la civil, siendo juzgado en San Isidro por insurrección. Finalmente, meses más tarde, la Ley de Obediencia Debida satisfaría algunos de sus reclamos. Rico fue el único que permaneció en prisión, que debería cumplir en la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo, a la espera del juicio.

Segundo alzamiento

Sería nuevamente Rico la principal figura del segundo conato de rebelión, que tuvo lugar en enero de 1988 en la localidad correntina de Monte Caseros. El 30 de diciembre se le había concedido el privilegio de arresto domiciliario; dos semanas más tarde, envió un comunicado afirmando que desconocía la autoridad del Estado Mayor del Ejército y de los tribunales militares por no ver garantizada la justicia, y escapó. La autoridad militar, el teniente general José Dante Caridi, sucesor de Ríos Ereñú, declaró a Rico en rebelión, y el ministerio de Interior ordenó su captura inmediata.

Tres días más tarde se lo encontró en el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros, cuyo comandante, el coronel Alvarez de Igarzabal declaró que adhería al planteo de Rico, bautizado como Operación Dignidad. Caridi, al frente del Segundo Cuerpo de Ejército, hizo frente a las tropas insurrectas, que se rindieron sin presentar batalla. Los detenidos fueron numerosos; Rico, tras declarar públicamente que no se arrepentía de sus actos y afirmar que la duda es la jactancia de los intelectuales, regresó a prisión. Unos 430 oficiales y soldados serían llevados a juicio por sus acciones en los dos alzamientos; aunque los casos relativos al terrorismo de Estado y la tortura durante la dictadura disminuyeron, la protesta de las facciones promilitares no cesó. Rico, desde su celda, se convirtió en la principal figura de los ultraderechistas Alerta Nacional y Movimiento por la Dignidad Nacional.

Tercer alzamiento

El tercero y último de los alzamientos durante el gobierno de Alfonsin tuvo lugar el 1 de diciembre de 1988, cuando unos 45 oficiales de la unidad Albatros, un cuerpo de elite de la Prefectura Naval Argentina saqueó de armas el arsenal de las dependencias de Prefectura en Zárate, provincia de Buenos Aires, y se rebeló. Alfonsin consideró el problema menor, al no provenir del Ejército sino de una fuerza de menor importancia, pero los rebeldes se trasladaron a la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, donde se sumaron a un grupo de militares que nuevamente coparon el cuartel. Su líder era el entonces coronel Mohamed Alí Seineldín, cabeza de la facción carapintada. Seineldín, un carismático veterano de la guerra de Malvinas, asesor de Manuel Noriega en la formación de comandos, y declarado miembro de la rama más nacionalista del ejército, afirmó que el objetivo de la acción era "salvar el honor" de las Fuerzas Armadas.

Caridi movilizó rápidamente las tropas leales, rodeando rápidamente la guarnición de Campo de Mayo. Sin embargo, varios otros grupos declararon su apoyo a los carapintadas en la provincia de Buenos Aires, así como en Córdoba y Salta; la rebelión más importante fue la del Batallón de Logística 10 de Villa Martelli, en la periferia del Gran Buenos Aires, donde se dirigieron los rebeldes de Campo de Mayo evadiendo el cerco. El general Isidro Cáceres fue destacado por el mando leal para enfrentarlos, pero con órdenes de no iniciar acciones armadas salvo en caso de extrema necesidad. Acantonados allí, el 4 de diciembre anunciaron sus exigencias: la destitución de Caridi, la extensión de la ley de Obediencia Debida a todo el personal militar excepto los miembros de la Junta, amnistía para los procesados por los alzamientos anteriores, e impunidad para todos los participantes en éste excepto Seineldín. Bajo el eufemismo de un acuerdo para evitar el derramamiento de sangre, el gobierno accedió a éstas casi sin excepción. Seineldín fue procesado, así como el mayor Hugo Abete, que no depuso las armas hasta varios días más tarde. Caridi fue pasado a retiro, y las exigencias militares de incrementos presupuestarios y salariales fueron atendidas.

Primera serie de indultos del gobierno de Menem

Otras peticiones se verían saciadas por el indulto decretado por el nuevo presidente, Carlos Menem, en octubre de 1989, que incluían a 164 de los carapintadas, treinta y nueve oficiales condenados por delitos cometidos durante la represión, y los mandos culpables de negligencia durante la guerra de Malvinas. Los indultados incluían a los ex generales Juan Sasiain, Albano Harguindeguy, Santiago Riveros, Acdel Vilas, Luciano Benjamín Menéndez y Reynaldo Bignone.

Cuarto alzamiento

A pesar de los entonces recientes indultos realizados por Menem, Seineldín, volvió a rebelarse el 3 de diciembre de 1990, en protesta contra la creciente injerencia del poder político en la cúpula militar. El violento alzamiento provocó varios muertos, y fue finalmente reducido, dando lugar a cientos de arrestos y casi 600 procesos por insurrección.

Segunda serie de indultos del gobierno de Menem

Luego del ultimo alzamiento, pocos días más tarde del mismo, Menem completaría los indultos, dando la libertad a los miembros de la Junta y otros militares y civiles, varios de ellos condenados a prisión perpetua: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Ramón Camps, Guillermo Suárez Mason, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el ex jefe de la Policía Federal Argentina Ovidio Ricchieri. Sólo Seineldín, una figura afecta a los gestos desmesurados, permaneció en prisión a consecuencia de los incidentes hasta mayo de 2003, cuando fue indultado por el presidente interino Eduardo Duhalde.

GOBIERNO: Simbolo de la democracia nacional

La Unión Cívica Radical (UCR) es un partido político de Argentina fundado el 26 de junio de 1891 por Leandro N. Alem. Gobernó varias veces el país en oportunidad de las presidencias de Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, Arturo Frondizi, Arturo Illia, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa.

La UCR reúne grupos con diversas ideologías como el krausismo, el federalismo, el liberalismo, el nacionalismo, el conservadurismo, el desarrollismo y la socialdemocracia, entre otras. Se ha caracterizado por su ideología defensora del laicismo, de inspiración igualitarista, con raíces en el federalismo tradicional y el autonomismo alsinista, habiendo desempeñado un papel decisivo para la conquista del sufragio universal y secreto masculino y la instalación de una democracia liberal en el país, a la vez de resultar ampliamente representativo de las clases medias argentinas durante el siglo XX. Desde 1996 pertenece a la Internacional Socialista.

El gobierno de Alfonsín tenía detrás de sí una fuerza nueva: la civilidad que había votado su propuesta de construir un Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos (FF.AA., Iglesia y Sindicatos) deberían someterse y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada, transparente y equitativa. La civilidad vivió la euforia y la ilusión de que la democracia por si sola resolvería los problemas económicos y sociales imponiéndose pacíficamente a los poderosos intereses establecidos que se le oponían. El gobierno en su diagnóstico de la crisis consideró que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana: se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida.